Freshwater Action Network
– grassroots influencing on water and sanitation

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¿Es o no es privatización?

 

Por Nathalie Seguin Tovar

Experta en temas de agua y medio ambiente, coordinadora la red de acción por el agua FANMex 
@nathaliexelagua
@FANMex

21 de junio 2018, México

Oleadas de posts , tuits han circulado estos días. Y me da gusto saber que la ciudadanía está preocupada por el agua. ¡Ya era hora!

Pero como lo imaginé las oleadas de tuits y mensajes personales que me llegaron no bastaron para intentar clarificar lo que pasa con los decretos de levantamiento de veda.

¿Es o no privatización?

No tengo la menor duda que destinar volúmenes de agua para el medio ambiente es bueno pero esta agua ya estaba resguardada en esas regiones, justamente con la veda.  Por lo que también estoy segura que estos decretos instrumentan el camino para otorgar certeza jurídica sobre el agua al sector privado, que a este gobierno le urge concretar para completar la entrega prometida de los hidrocarburos a la inversión privada.

Como lo señalé desde 2015 en la entrevista con Carmen Aristegui, el gobierno ha sido y será siempre muy cuidadoso de no usar las palabras que no queremos oír, como privatización o fracking. Por ejemplo en la reforma energética de 2013 encontramos que la definición de uso industrial mencionado en dicha reforma se define como la extracción de cualquier producto que se pueda extraer del subsuelo bajo cualquier procedimiento. Con esto no necesitas mencionar fracking o gas de lutitas o gas natural , para que se pueda hacer fracking... prueba de ello hoy lo están haciendo al a par de promocionar el “gas natural” como si éste fuera una energía de transición...cuando es exactamente lo contrario, una fuente de energía que está destruyendo el agua, el suelo y el aire de nuestro planeta por la alta toxicidad y la destructiva técnica que implica.

 

Escogí este ejemplo no solo para indicar que estos decretos, como todo lo que hace este gobierno,  debe ser leídos minuciosamente y entre líneas, sino también porque desde mi lectura, como lo mencioné, estos decretos están íntimamente ligados a ir asegurando la certeza jurídica que exigen las inversiones privadas.  En particular el gobierno de Peña se ha centrado en la entrega del sector de hidrocarburos a manos privadas. Y en ese sentido como el gobierno no pudo imponer su Ley General de Aguas que pretendía liberar el agua al sector de hidrocarburos, la estrategia para lograrlo fue entonces enfocarse en leyes estatales y en una serie de lineamientos (entre ellos los lineamientos de agua para fracking) y decretos como los publicados el 5 de junio.

 

Entonces, si buscas la palabra privatización, no la encontrarás. Si le preguntas al gobierno si está privatizando, lo negará. La CONAGUA, SEMARNAT y WWF nos dicen que con toda seguridad no se privatiza porque el agua mantiene su calidad de bien nacional, pero en el momento en que el uso de grandes cantidades de agua queda en mano de privados a través de las concesiones -lo cual acaban de facilitar-, ¿le llamamos o no privatización?

 

La primera pregunta que me vino fue, si realmente la idea es proteger el agua para consumo humano y medio ambiente , ¿Porqué quedarse con el concepto de uso público urbano y no mencionar el derecho humano al agua que tenemos en nuestro artículo 4to constitucional, si es que su intención era asegurar agua para consumo humano? Es importante recordar que México no solo se comprometió ante las Naciones Unidades mediante la resolución A/RES/64/292y la firma del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que se comprometió en promover, respetar, proteger y garantizar  los derechos humanos  con la reforma del artículo 1ero en junio de 2011 y con la reforma al párrafo quinto del artículo 4toen febrero 2012 donde reconoce explícitamente dicho derecho y solicita al Congreso de la Unión emitir una Ley General de Aguas que reglamente este derecho. Al día de hoy no lo ha hecho porque no le dejamos imponer su propuesta (que era contraria precisamente al derecho humano al agua)...

 

 ¿Porqué levantar vedas para asignar un caudal ecológico? Si el agua total de esas regiones ya estaba protegida ¿Porqué declarar zonas de reservas? Me seguí preguntando... conforme iba entrado en la lectura de los decretos me quedó claro que el estatuto de Zona de Reserva “parcial” es el instrumento más flexible que encontraron para en efecto dejar cierto volumen protegido- que por lo visto debemos estar muy agradecidos porque velan por el agua para las generaciones futuras según la conferencia de prensa que dio el director de CONAGUA- pero además de garantizar cierto volumen para el uso público urbano y ambiental permite liberar grandes volúmenes de agua en las cuencas para la explotación, el uso y aprovechamiento del agua para cualquier uso incluyendo el sector industrial, si las autoridades lo consideran de utilidad pública.

 

Y si siguiendo esa línea, en los decretos encontramos, por ejemplo, que se declaran de utilidad pública mega obras eliminando distritos de riego.  La clásica visión de CONAGUA de promover las megaobras que endeudan al país, generan problemas sociales y ambientales y no responden a las necesidades de los usuarios de la cuenca que podrían ser plasmadas vía un plan rector elaborado por los usuarios de la cuenca (como lo proponemos en la Iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas), sino que son impuestas: “Se deroga el artículo Segundo del "ACUERDO que crea el Distrito Nacional de Riego de Actopan y declara de utilidad pública la construcción de las obras hidráulicas adecuadas para el aprovechamiento de aguas del río Actopan (...)”

 

También encontramos la agenda de privatización de los servicios públicos de provisión de agua, alcantarillado y saneamiento que en su mayoría recaen a nivel municipal. Estos en vez de ser apoyados por el estado para mejorar su eficiencia, se les ha abandonado y bajo el argumento de su mala gestión se buscará “eficientizar sus servicios” con la entrega de estos a manos privadas: “Se declara de utilidad pública (...) la modernización de los servicios de agua en el Estado de Veracruz para hacerlos más eficientes”  Sin embargo ha quedado demostrado en varias partes del mundo que esto no es así (vean este video) ciudades como Paris o Buenos Aires recuperaron y fortalecieron su sistema público después de una catastrófica experiencia privada.

 

Volviendo a la reforma energética y sus leyes secundarias como la ley de hidrocarburos donde establece que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública(también lo es la minería), y que por ello el Estado puede obligar a las y los dueños de los territorios a rentárselos a las empresas de hidrocarburos a través de la servidumbre legal y la ocupación y afectación superficiales. Pero no solo eso, esta misma Ley dice que las actividades de exploración y extracción de gas y petróleo son de interés social y orden públicoEsto significa que el Estado pretende darles preferencia a estas actividades sobre cualquier otra actividad que se desarrolle en los territorios, como la agricultura , la ganadería, la pesca o los usos culturales y espirituales. Y si quienes habitan los territorios se resisten a cederlos y los defienden, el Estado podrá hacer uso de la fuerza pública en su contra ¡y lo justificará como un atentado al orden público!

 

¿Pero qué les faltaba para completar su gran negocio? Sí, el agua.  La industria de hidrocarburos -particularmente los no convencionales- es muy sedienta, y estos decretos liberan grandes volúmenes de agua que necesita para extraer gas y petróleo de nuestro país. Extrayendo recursos para ganancias privadas a cambio de destrucción, contaminación y criminalización de los defensores del agua, territorios y derechos humanos.

 

Al levantar las vedas, con estos 10 decretos está todo listo para que de aquí a diciembre o en la siguiente administración, se otorguen en concesión estos volúmenes de agua liberados.

 

Gracias a esta movilización y preocupación ciudadana las autoridades han tenido que salir a sostener en conferencias y entrevistas, su versión de los decretos y han repetido una y otra vez que “no se otorgará ninguna concesión para el volumen liberado y no darán agua potable para fracking”. Pero a estas alturas de su administración ya no es posible creerles.

 

¿Qué hacemos entonces? Tendremos que actuar todos juntos, y velar por los procesos que garantizan los volúmenes de reserva, su calidad –aspecto muy importante si pretenden que esta agua sea para consumo humano y de los ecosistemas- y exigir transparencia en los procesos de asignación o concesión que empezarán a realizar en algún momento, y exigir que no se entregue el agua potable o no potable al fracking. 

 

Si Conagua no fue capaz de velar por las zonas en veda desde sus creaciones, por qué ahora sí va a garantizar los volúmenes adjudicados para uso público-urbano y medio ambiente. ¿Quien va a medir y garantizar que esta agua sea respetada? ¿Quién va a garantizar la calidad de agua , si Conagua ha permitido que lleguemos a que más de 70 % de nuestros ríos estén contaminados? Conagua no ha cambiado ni su visión ni su forma inequitativa e insostenible de gestionar el agua en este país ¿por qué cumpliría ahora?

 

Si bien las vedas no estaban logrando proteger el tráfico de agua que se realizaba en estas zonas, por su falta de vigilancia y fiscalización por parte de CONAGUA, al menos frenaban las concesiones y asignaciones. En México no tenemos ninguna institución que garantice efectivamente que se cumpla la ley en materia de agua, la misma CONAGUA entrega concesiones y asignaciones, dicta las normas y es responsable de revisar que los volúmenes otorgados y que las normas de contaminación se cumplan ¡pero no lo hace!  Urge un ente regulador separado de CONAGUA que vigile y fiscalice el cumplimiento de la ley en materia de agua así como la instalación y reconocimiento de una contraloría ciudadana que tenga acceso y difunda información, identifique problemas y soluciones de agua, defienda derechos comunitarios frente a megaproyectos injustificados, exija bebederos de agua públicos , entre otras.

 

No solo el gobierno no ha cumplido con consensar una ley general de aguas que nos permita transitar a un modelo equitativo y sustentable que reglamente el derecho humano, sino que la entrega de agua que están realizando la hacen basados en una Ley de Agua Nacionales obsoleta que no entiende la integralidad del ciclo del agua, el vínculo entre el agua superficial con la subterránea.

 

Y finalmente hablando del agua subterránea... que bueno que quedó fuera de estos decretos...

 

 

 

 

 

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